"La crisis del preservativo", por José Antonio Martín Pallín

"La crisis política y diplomática entre el Reino Unido y Ecuador ha marginado momentáneamente a la crisis económica. Para analizarla hagamos, por un momento, abstracción de los ingredientes políticos y personales del embrollo. Un ciudadano australiano de visita a Suecia establece una relación amistosa con una ciudadana sueca que finaliza en la intimidad de un dormitorio. Según la mujer, después de haber compartido sus mutuas apetencias, se quedaron dormidos. En ese trance el varón se desvela y decide renovar sus deseos sexuales mientras la mujer dormía.
Hasta aquí, la versión que la ciudadana sueca manifiesta a una fiscal para que persiga el hecho penalmente. El elemento del crimen radicaba en que, aprovechándose de la duermevela, el varón no se había colocado el preservativo. A la representante del Ministerio Público le pareció que la versión facilitada carecía del más mínimo sustento delictivo y decide archivar la imputación. Entran en escena abogados y policías que aconsejan a la sueca para que presente una denuncia por violación. Otra fiscal decide abrir una investigación preliminar para comprobar lo que era evidente.
Ante la inconsistencia de los cargos aparece otra mujer que le acusa de haberse negado a ponerse el preservativo “contrariando su expreso deseo”. Con estos mimbres Suecia acuerda poner en marcha una demanda de extradición y el Reino Unido decide entregar al varón a la jurisdicción de los tribunales suecos. El Convenio Europeo de extradición exige que la información facilitada para justificar la petición sea suficiente, completa y de contenido inequívocamente delictivo. Ante la respuesta positiva de los tribunales ingleses podemos razonablemente preguntarnos: ¿hubiera entregado el Reino Unido a un ciudadano británico reclamado por hechos semejantes?
Suecia no alega ninguna otra infracción. Ahora bien, a nadie se le escapa que lo que está en juego es mucho más que una ofensa sexual. El sistema judicial inglés demostró una gran sensibilidad y finura jurídica en el caso Pinochet. Sus jueces no pueden ignorar que, según las previsiones del Convenio Europeo, no se permite la extradición cuando existen razones fundadas para creer que la solicitud, camuflada bajo un delito común, se ha presentado con el fin de perseguir a una persona en consideración a razones políticas."
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Me ha interesado mucho este artículo del Magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, aparecido en el diario El País el 28 de agosto de 2012. Creo que es un acertado análisis del "caso Assange", en el que se plantea una serie de interrogantes que, a mi entender, mantienen perpleja a la opinión pública. Os ofrezco el arranque, merece la pena enlazar con la página del periódico y leerlo en su totalidad.